Esta disputa entre el gobierno y el agro, ¿Qué efectos puede producir en la sociedad Argentina? ¿Cuál es el comportamiento de los sectores en lucha? ¿Esta administración será la primera en cambiar la historia de dominación del poder de las clases altas?
Desde el 26 de marzo de este año, se viene desarrollando un conflicto entre el campo y el gobierno que tiene en vilo a la sociedad Argentina que se ve afectada por el desabastecimiento en las góndolas de los supermercados, provocado por los cortes de rutas que ya llevan varias semanas.
Tendríamos que hacer un profundo estudio sobre los valores de los distintos productos agropecuarios para saber quién se lleva realmente el porcentaje mayor de ganancias. Tradicionalmente, el pequeño productor le vende al gran empresario a un precio generalmente bajo y los grandes comerciantes agropecuarios son los que lo distribuyen a mayor costo.
Según un comunicado de la Asamblea Permanente por los Derechos humanos de Río Cuarto (APDH), la soja hoy es vendida, después de retenciones y descuentos, en 278 dólares la tonelada; y los exportadores venden el mismo producto en el mercado externo a 501 dólares por igual proporción (además son beneficiarios del reintegro del Impuesto al Valor Agregado). Lo que genera una gran desigualdad entre los productores y los exportadores. Cabe preguntarse qué arriesgan los exportadores, ya que sembrar y cosechar, con todo lo que esto implica, es un riesgo que corren todos los años los productores.
También es un trato desigual para todos los trabajadores y ciudadanos en general, porque además de no obtener esa grandes ganancias, deben pagar todo tipo de impuestos (entre los sueldos y el I.V.A. se llega a más del 40%).
El estado debe ser el moderador de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, tratando de igualar la calidad de vida de todos los componentes de la sociedad. Este es el motivo, por el cual, el gobierno trata de imponer el aumento de las retenciones, sin embargo tendría que haber previsto las consecuencias de aplicarlas a todos por igual, sin separar a lo pequeños de mediano productores.
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Esta es la forma de actuar de los diferentes sectores en el conflicto:
El Gobierno:
a) Al momento de dar el aumento a las retenciones no discrimina a los pequeños de los grandes productores, y no diferencia de alguna manera, a aquellos que no pueden soportar un gravamen muy alto.
b) Ausencia de dialogo entre las partes interesadas o, lo que es peor, la falta de comunicación de los actos de gobierno en general.
El Campo:
a) Los grandes empresarios del agro y su avaricia que lleva a exportar toda la producción (si no existiera una alta retención) con las consabidas grandes ganancias en desmedro de la población local, que se encontraría con un elevado costo en los precios o peor aún con la escasez de los productos en las góndolas de los supermercados.
b) Los cortes de rutas que afectaron en particular, a aquellos que no podían llegar a sus hogares, y al general de la sociedad, al tener que recorrer diversos comercios para poder comprar los alimentos básicos, pero con los consiguientes recargos en los mismos ya que los comerciantes también aprovecharon para obtener ganancias extras.
La Sociedad:
a) La clase alta y medio alta, había salido a la calles a defender los intereses del campo y a su vez Delia saló a defender al gobierno lo que produce un enfrentamiento entre ambos sectores.
b) Algo que llama la atención es que en Callao y Santa Fe una agrupación de izquierda, La Corriente Clasista y Combativa, (CCC) apareció defendiendo los intereses del agro, este fue un hecho realmente contradictorio.
En definitiva, los dos sectores en pugna dicen tener razón, en tanto, lo real es el perjuicio que trajo en la economía, en lo social e incluso el costo político que deberá pagar el gobierno. Uno de los dos tiene que ceder en esta pulseada, el gobierno no debe dar marcha a tras sin un evidente debilitamiento; y el sector agropecuario, acostumbrado a tener el poder que genera gobiernos adictos, no aceptará fácilmente pagar el 46% que le exige el Estado.
Estemos o no de acuerdo con este gobierno, sabemos que es necesario que de una vez por todas se cambie el rumbo histórico de gobernar para las clases altas, acostumbradas a obtener privilegios y que de no conseguirlos, se transforman en civiles antidemocráticos, ayudando a las fuerzas armadas a llegar al poder.
martes, 20 de mayo de 2008
El conflicto que afecta a la sociedad
miércoles, 14 de mayo de 2008
Actividad N° 4
El tren bala va a la justicia por una denuncia de administración fraudulenta del capital Estatal
El ex diputado Antonio Cafiero y el abogado Ricardo Monner Sans presentarán una denuncia penal para detener las obras. Los principales acusados son los funcionarios que llevaron adelante el proceso de licitación; el titular de Planificación, Julio De Vido; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime y los últimos responsables del Ministerio de Economía, Felisa Miceli, Miguel Peirano y Martín Lousteau.
Menem irá a juicio oral y público por el tráfico de armas a Ecuador y Colombia
El juez Rafael Caputo ordenó que el ex presidente deberá ser juzgado en un juicio oral y público; la carátula se denomirá, coautor de contrabando agravado de armas de guerra (se vendieron 6.500 toneladas entre 1991 y 1995). Este delito esta penado con 12 años de cárcel y un embargo preventivo sobre sus bienes de 360 millones de pesos. El juicio comenzará el próximo 8 de julio.
El terremoto en China provocó 10.000 muertos
Un violento sismo de 7,9 grados en la escala de Richter, se desato a la media tarde en China dejando un saldo de al menos 10.000 muertos y una cifra similar de heridos. Este fue el peor temblor desde 1976; hay centenares de personas bajo los escombros por el derrumbarse de cinco escuelas, un hospital y dos fábricas químicas. En la provincia de Sicuani el 80% de las construcciones se destruyeron.
Un sorpresivo paro de subterráneos en la hora pico convulsiono las calles de la ciudad
La huelga fue producto de una pelea entre los representantes de los trabajadores y la conducción del gremio, a raíz de una elección de delegados, para el sector de limpieza, que debía realizarse ese día por la mañana. Según los empleados la votación nunca se realizó, ya que al llegar a sus puestos de trabajo se encontraron con hombres armados que le trataron de imponer una elección fraudulenta.
Guillermo Coria consiguió el segundo triunfo del año
El argentino logro pasar a la siguiente ronda del challenger que se disputa en Dinamarca, al vencer al danés, Soren Wedege de 18 años, por 6-2 y 6-0. Este torneo reparte 42.000 euros en premios.
martes, 6 de mayo de 2008
Una dictadura asesina en el Poder
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Dictadura Militar en Argentina (1976-1983)
El 24 de marzo de 1976 los militares derrocaron a la presidenta Isabel Perón, quien fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta Militar estaba integrada por los comandantes de las tres armadas, el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Masera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. Se inauguró así la etapa que se denominó Proceso de Reorganización Nacional, donde los militares pretendían “convertirse en la salvación de la Nación” en crisis.
Comenzaba de este modo la más sangrienta y violenta de las dictaduras instauradas en el país, que se prolongó por ocho años y cuya usurpación del poder arrojó un lamentable saldo, que incluyó desde la desaparición de miles de personas hasta la entrada de Argentina en una guerra internacional.
La dictadura implementó un plan basado en el liberalismo económico con una marcada política monetarista, que era apoyado por bancos extranjeros y organismos internacionales de crédito.
El funcionario encargado de cumplir el plan económico de los militares fue José Alfredo Martínez de Hoz. Puso fin al Estado intervencionista, a la protección del mercado interno y al subsidio a empresas. Se congelaron los sueldos. Dejó actuar al mercado libremente. Los resultados finales fueron desastrosos. La política económica del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional generó un gran endeudamiento externo; las industrias quebraron y, al finalizar la dictadura, se desató la inflación.
Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado y dirigido a destruir toda forma de participación popular.
El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado y así imponer el "orden", para que no exista ninguna voz disidente. De esta manera se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados. Mientras tanto, mucha gente se exilió.
La "desaparición" fue la fórmula más siniestra de la dictadura. El objetivo era secuestrar a la persona a través de un comando paramilitar donde, convirtiéndolos en un número y sin ninguna garantía legal, el individuo quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción planificada con anticipación.
La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por José López Rega.
La represión incluyó una serie de medidas públicas, como la ocupación militar de grandes fábricas y de empresas estatales, la prohibición de partidos políticos y sindicatos, los despidos de activistas políticos de sus puestos de trabajo, la prisión de dirigentes, la censura de intelectuales y artistas que pasaron a integrar las llamadas “listas negras”. En realidad los militares querían controlar a la sociedad y a sus miembros aun en prácticas o en actitudes que resultaban inofensivas, como la vestimenta de los estudiantes secundarios.
Asimismo, como entre los secuestrados se encontraban mujeres embarazadas, hubo nacimientos en esos campos de detención. Los niños nacidos en cautiverio fueron privados de su identidad y a menudo entregados a matrimonios ligados a las propias Fuerzas Armadas y policiales.
Desde 1984 hasta la actualidad la organización Abuelas de Plaza de Mayo encontró a algunos de aquellos niños y a otros que habían sido directamente secuestrados en operativos, a los que se les restituyó su verdadera identidad.
Entre los desaparecidos se encontraron miembros de organizaciones guerrilleras, pero había también activistas sindicales de base, intelectuales, estudiantes universitarios y secundarios, empleados, sacerdotes y seminaristas, amigos y novios del presente del pasado de los guerrilleros, que no tenían relación con la lucha armada.
Esta ofensiva de los militares lanzada sobre las personas que no eran estrictamente combatientes no constituyó una “falta” en el plan militar, un “error” o un “exceso”, como sostienen algunos argumentos. Por el contrario, ocupaba un lugar central en el proyecto. Los militares creían que no sólo debían combatir a los guerrilleros sino también a la población que podía servirles, eventualmente, de retaguardia. Ésta era una de las convicciones que animaba a los militares a extender la acción represiva sobre aquellos otros activistas o, sencillamente, simples ciudadanos, que pudieran haber actuado como vínculo entre quienes habían tomado las armas y su entorno social.
Durante esos años primó en toda la sociedad argentina la cultura del miedo. El terror a la represión estatal era del tal magnitud que la personas se autocensuraban y se aislaban de cualquier relación o actividad que pudiera parecer riesgosa. Esta circunstancias, sumada en algunos casos a la indiferencia sobre lo que estaba sucediendo, se tradujo en una aceptación pasiva de la dictadura por parte de la sociedad civil.
La represión no era, desde ya, el único proyecto de la dictadura militar, por el contrario, formaba parte de un plan más vasto de modificación de la sociedad. En tal sentido, tuvo un papel importante el plan económico llevado adelante por José Martínez de Hoz, el ministro de Economía del gobierno de Videla. El plan tenía como objetivo principal acabar con la inestabilidad social y política a cualquier precio.
Política económica:
Lo que primero impuso este plan fue la congelación de los salarios, lo que en un contexto de inflación alta significó que, en términos reales, cayeran en un 40% aproximadamente. Los trabajadores y sus organizaciones colectivas fueron los mayores perjudicados por las consecuencias del plan. Sin embargo, la prohibición de las huelgas y las demás medidas de represión evitaron la protesta obrera. Asimismo, se gestionaron y obtuvieron créditos del exterior y se redujo el déficit fiscal.
Hacia 1977 se impulsó una reforma del sistema financiero, que le quitó al Estado la posibilidad de transferir ingresos de un sector económico a otro, es decir, de aplicar políticas para subsidiar o alentar al campo o a la industria, según fuera necesario. También se fueron desmontando las medidas arancelarias y de subsidio directo tendientes a proteger a la industria nacional, que pronto tuvo que competir con productos importados de lugares como Hong Kong o Corea, cuyos precios eran notoriamente bajos; hacia 1981, la producción industrial había caído un 20% en un período de cinco años.
A fines de 1978, el plan incluyó la vigencia de una “pauta cambiaria”, que fijaba una devaluación mensual decreciente del peso. Si bien el objetivo de esta medida era controlar la inflación, ésta continuó siendo alta. En este marco se produjo una afluencia de dólares del exterior, que encontraban así la posibilidad de inversión sin riesgos debido a la garantía estatal. Esta afluencia sería uno de los orígenes del gran aumento de la deuda externa.
El proceso privatizador comenzó con Martínez de Hoz, aunque en aquellos años no se vendió ninguna empresa estatal ya que eran el botín de guerra con que los militares hacían negociados y mejoraban los ingresos de los oficiales de alta graduación. Pero Martínez de Hoz fue el responsable de dos políticas.
La primera y más importante es haberlas endeudado para adquirir dólares baratos con los cuales mantener la llamada “tablita” por la que se regulaba el tipo de cambio. Eran compañías como YPF las que pedían los créditos al exterior para mantener la política cambiaria del gobierno, por eso terminaron sobre endeudadas.
En segundo lugar Martínez de Hoz planteó por primera vez en la Argentina la posibilidad de transferir sus acciones a manos privadas.
La economía Argentina comenzaba a cambiar de manera muy profunda. Las medidas mencionadas, junto con otras, como la suba de las tasas de interés beneficiaron en especial a las empresas y compañías financieras y motivaron que la especulación fuera más rentable que la producción. Este mecanismo fue denominado popularmente “tablita financiera”, y pronto comenzó a mostrar sus debilidades. A comienzos de 1980 se produjo la quiebra de varios bancos y a partir de ese momento la crisis no hizo más que agravarse. En 1981, la inflación estuvo muy por encima del 100% anual y el peso fue devaluado de manera radical. Además, la crisis se agrandaba con el crecimiento de la deuda externa: en 1979 era de 8.500 millones de dólares y dos años después se había triplicado.
Mundial de fútbol `78:
El triunfo de la selección argentina en el campeonato del mundo realizado en nuestro país, logró mostrar que la Junta Militar al mando de Videla había cubierto con creces los objetivos que se propuso al iniciar la organización del campeonato. Durante veinticinco días, los problemas del país se pasaron a un segundo plano y el título mundial conseguido por la selección local los mantendría ocultos por un tiempo más.
Política internacional:
Las cuestiones limítrofes entre la Argentina y Chile estuvieron condicionadas por las circunstancias políticas imperantes en cada país. Bajo regímenes dictatoriales en ambas naciones, las diferencias fronterizas estuvieron a punto de derivar en una guerra abierta. En 1978, luego de que la Argentina rechazó el fallo arbitral británico, el conflicto por el Beagle alcanzó su punto más álgido. El 8 de enero de 1979, la Argentina y Chile firmaron el Acta de Montevideo, que sometía el entredicho a la mediación del Papa. Finalmente, la propuesta papal, conocida a través del cardenal Antonio Samoré, se dio a conocer el 12 de diciembre de 1980 y fue aceptada por la Argentina en 1984 después de una consulta popular no vinculante, en la que el "sí" al acuerdo se impuso por un amplio margen de votos.
Primera marcha sindical:
El 30 de marzo de 1982, el sector del sindicalismo más decididamente opositor llamó a una marcha a Plaza de Mayo, acompañada por movilizaciones en el interior del país. Con la excepción de las rondas que las Madres de Plaza de Mayo hacían alrededor de la Pirámide de Mayo, no se habían registrado manifestaciones políticas colectivas en esta plaza desde 1976. La movilización del 30 de marzo convocó a militantes de todo tipo: estudiantiles, barriales y sindicales, y concluyó con una intensa represión policial. Hubo más de 1.000 detenidos y un muerto en la ciudad de Mendoza.
Tres días después, el 2 de abril de 1982, fuerzas militares argentinas ocuparon las Islas Malvinas. El 1 de mayo las fuerzas inglesas iniciaron el bombardeo aéreo y un mes y medio más tarde, la guerra terminó con la derrota argentina que dejó un saldo de alrededor de 700 muertos.
La derrota catastrófica de Malvinas y el conocimiento de la muerte de centenares de jóvenes argentinos, deterioraron el frente militar, pero sobre todo, la reputación del ejército, al cual se consideró como mayor responsable del desastre. El regreso de los soldados arrojó luz sobre las sospechas de lo que habían padecido, sin los suministros y el entrenamiento suficientes para enfrentar a los británicos.
De esta manera, Galtieri renunció y el comandante en jefe del Ejército nombró al nuevo presidente, el general Reynaldo Bignone, pues la Marina y la Aeronáutica se vieron desplazadas en el reparto del poder por el ejército. Bignone gobernó hasta diciembre de 1983, cuando, luego de las elecciones de octubre de ese año, entregó el mando al candidato radical electo, Raúl Alfonsín.
